Los primeros informes se localizan temporalmente en la década de los noventa del siglo XX. En concreto, en el Reino Unido habría que mencionar el citado Informe Cadbury, de 1992; así como el Hampel, de 1998. En Francia destacaría el Viénot, de 1995; y, en Estados Unidos, los informes de The American Law Institute, de 1992, y de la American Bar Association Section of Business Law, de 1994. En España habría que mencionar los informes Olivencia, Aldama y Conthe.

En nuestro país, todas las empresas cotizadas están obligadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores a elaborar un Código de Gobierno Corporativo. Además, todas aquellas empresas que hacen emisiones de títulos a los mercados de capitales deben elaborar un Informe de Gobierno Corporativo, también como salvaguarda de los intereses de los inversores.

Los contenidos de los códigos de buen gobierno corporativo son muy dispares, pero fundamentalmente se centran en la implantación de medidas institucionales que tengan como objetivo la transparencia y la democracia empresariales, y, en consecuencia, la reducción al mínimo de los costes de agencia en los que incurriría una organización con malas prácticas de gobierno corporativo.

En definitiva, el objetivo de dichos códigos, a través de sus recomendaciones, es mejorar el gobierno y el control de las empresas, permitiendo que los consejos de administración sean auténticos fiscalizadores de la gestión de las
directivos de las mismas.

Entre las recomendaciones más recurrentes en los códigos de buen gobierno corporativo nos encontramos las siguientes:

• La elección de consejeros independientes en el consejo de administración, que por contraposición a los consejeros dominicales, no velan por los intereses de un grupo determinado de accionistas, sino por los del conjunto de la compañía y,  aplicando la base ampliada de la empresa, de la sociedad. Se les pide que en el ejercicio de su responsabilidad apliquen el sentido común y no los intereses particulares de algunos miembros o accionistas de la organización. Por esto se recurre a profesionales de reconocido prestigio, conocedores del sector, y que, asimismo, han demostrado públicamente su probidad y honorabilidad.
• El contrapeso institucional al primer directivo de la empresa (CEO) a través de un consejo más deliberativo y con un mayor peso en el conjunto de la organización. En este sentido, se pretende destacar que la estrategia de la entidad debe ser definida por el consejo, en tanto que su ejecución corresponde a la dirección.
• Transparencia y claridad en la toma de decisiones.
• Rendición de cuentas y elaboración de una información fiable en el ámbito de los tres desempeños empresariales mencionados más arriba.
• Tamaño y retribuciones del consejo.
• Comités de nombramientos, contratos y retribuciones de los ejecutivos.

No existe un modelo único de gobierno corporativo, pero sí son comunes en los códigos las demandas de transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad y ciudadanía corporativa, y democracia empresarial.

El código de buen gobierno corporativo de una organización es uno de los principales códigos deontológicos de la misma. Existen otros como los códigos de conducta, los códigos de inversión socialmente responsable, los protocolos con proveedores, los protocolos frente al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los códigos de marketing ético, etc.